La secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, ha destacado «el hecho de que Castilla-La Mancha sea la primera región de España en garantizar por Ley el acceso a una vivienda, además de la buena aplicación en la región del Plan estatal de Vivienda y Rehabilitación», según informa Europapress.
La secretaria de Estado ha realizado estas manifestaciones en Albacete, donde junto al consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, ha participado en la Jornada de la «Ley de Garantías en el Acceso a la Vivienda en Castilla-La Mancha».
Este foro, ha indicado en nota de prensa la Junta, debate de manera dinámica y eficaz cómo abordar desde las diferentes políticas el derecho a la vivienda, así como los aspectos que pueden contribuir desde la iniciativa pública y la privada al eficaz desarrollo de la Ley de Garantías.
El programa de estas Jornadas está especialmente dirigido a alcaldes, concejales o responsables municipales de urbanismo y vivienda, y promotoras públicas y privadas de vivienda protegida, porque, ha anunciado el consejero, para el impulso de esta Ley es necesaria la máxima colaboración entre todas las administraciones públicas, y entre éstas y la iniciativa privada, siempre con el reto de lograr el mejor ajuste posible entre demanda y oferta de vivienda protegida.
Durante su intervención, Sánchez Pingarrón ha asegurado que «la reciente aprobación de la Ley de Garantías en el acceso a la Vivienda en Castilla-La Mancha es la culminación, desde el punto de vista normativo, del conjunto de actuaciones previstas en el Pacto por la Vivienda de Castilla-La Mancha. Este Pacto marcó el camino y las prioridades en materia de vivienda y es fruto del consenso con todos los agentes económicos y sociales».
La presente Ley desarrolla el principio constitucional de acceso a una vivienda digna y adecuada, estableciendo como compromiso final una garantía de plazos que asegure su completa efectividad para las personas que necesiten vivienda.
Para ello, si en el plazo máximo de un año desde que una persona demandante se inscriba en el Registro de Demandantes de Vivienda con protección pública de Castilla-La Mancha, no se ha podido encontrar una solución mediante la oferta de una vivienda con protección pública, puede acudir al mercado libre de alquiler. En este supuesto, el Gobierno de Castilla-La Mancha abonará los gastos por la diferencia de costes respecto de los de una vivienda protegida, hasta que se le pueda ofrecer una vivienda con protección pública.
De este modo, ha asegurado el consejero, «queda configurada la mejor garantía de efectividad que se puede ofrecer para el cumplimiento del principio constitucional de acceso a una vivienda digna y adecuada, pues añade a la acción pública, orientada a la producción de viviendas con protección pública, las posibilidades que ofrece el mercado privado de alquiler».
