Alemania ha escarmentado en cabeza española y ha decidido frenar a tiempo su incipiente burbuja inmobiliaria. El Consejo de Ministros ha aprobado un «techo a los alquileres», una ley presentada por el ministro de Justicia Heiko Maas y que establece que el precio de nuevos alquileres no puede avanzar más de un 10% sobre el alquiler local de referencia de cada zona. Los pisos a estrenar quedarán excluidos de esta nueva normativa, para evitar que caiga la necesaria construcción. «El objetivo es que las personas con salarios normales también puedan pagar un alquiler y acceder a la vivienda sin causar perjuicios demasiado dolorosos al sector», ha explicado Maas.
Así hace Alemania frente al aumento «desorbitado» que a juicio del ministro aqueja a algunas ciudades germanas. La diferencia entre los alquileres antiguos y los nuevos se sitúa, por ejemplo, en un 30% en Múnich, un 25% en Hamburgo, o en un 25% en Berlín, porcentajes que serán progresivamente corregidos a partir de 2015. La nueva le establece además que sea el dueño del inmueble el que se haga cargo del coste del agente inmobiliario, que hasta ahora recaía en los inquilinos.
Alemania, un país donde hasta hace poco tiempo predominaba la cultura del alquiler, está cambiando su mentalidad de ahorro. Una encuesta realizada por las Cajas germanas señala que el 50% de sus clientes considera ya que el ladrillo es la mejor forma de ahorrar y señala que el número de clientes que se lanzan a la compra de su propia vivienda aumenta a un ritmo superior al 5% anual, porcentaje que en Alemania suponen una auténtica revolución.
Durante dos décadas, desde la Reunificación alemana hasta 2010, los precios de la vivienda en este país permanecieron prácticamente inmutables. Durante los últimos años, sin embargo se ha visto una evolución marcadamente al alza en áreas concretas, como Berlín, debido a que los bajos tipos de interés prolongados en el tiempo hacen poco atractivo el ahorro en sus formas más convencionales y más atractivo el crédito.
Otro motivo, es el empeoramiento de calidad de la jubilación, tras las reformas que comenzaron en 2000 y que comienzan a afectar ahora a las primeras remesas de jubilados. El 37% de los encuestados dice que comprar una vivienda es invertir en jubilación, pero el gobierno no está dispuesto a consentir que razonamientos como estos hinchen los precios y estimulen la especulación, a la que pretende poner barreras con la nueva normativa.
