Las viviendas protegidas, conocidas como VPO, se construyen conforme a unas normativas que las declara como tal. Se trata de un procedimiento mediante el cual dichas viviendas deben seguir unas normativas administrativas, en cuanto a su construcción y adjudicación. Las administraciones, principalmente autonómicas y locales, cuentan con una serie de mecanismos para poner en marcha este tipo de promociones en las que se controla el precio de la vivienda y los ingresos de quienes las vayan a habitar.
Las VPO se conceden mediante sorteo, siguiendo unos baremos de ingresos y condiciones sociales de los demandantes. Su diseño y calidades siguen unos baremos estipulados, que también marcan limitaciones, por ejemplo, en el número de metros construidos que puede tener cada vivienda.
Además, las viviendas protegidas, ya sea en calidad de compra o de alquiler, deben ser destinadas a domicilio habitual de la unidad familiar.
Ventajas de las viviendas protegidas
La principal ventaja que presentan las viviendas protegidas es que salen al mercado, de compra o de alquiler, con un precio inferior al del mercado. De ahí, que se conviertan en productos de lo más atractivos para muchos ciudadanos.
Hay que destacar también que aquellos a los que se les otorgue una vivienda protegida contarán con una serie de beneficios de cara a la obtención de préstamos, ventajas fiscales o, incluso, ayudas sociales.
Inconvenientes de las viviendas protegidas
El acceso a este tipo de viviendas se regula mediante sorteo. Tal y como se ha apuntado más arriba, no cualquier persona puede optar a una vivienda protegida. Este tipo de promociones orientadas a cumplir los objetivos de todo ciudadano a disponer de una vivienda digna. Por eso, par acceder a las mismas se tienen en cuenta los ingresos de los interesados, los cuales deberán ser inferiores a una cifra estipulada. Estas cantidades, las regulan las Comunidades Autonómas o los municipios.
Por último, hay que tener en cuenta que las VPO no pueden venderse en el mercado libre. De hecho, suele establecerse un plazo de 10 años para poder poner a la venta este tipo de viviendas. Además, en el caso de llevar a cabo esta transacción el precio de venta lo pondrán las administraciones competentes.