La política de vivienda del nuevo Ejecutivo está en tela de juicio. Esta misma semana se ha conocido que el Tribunal Constitucional ha estimado en parte el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra el real decreto ley de 1 de marzo de 2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. El alto tribunal también ha declarado nulas dos disposiciones adicionales, entre ellas la que pretendía movilizar suelo público para promover vivienda en alquiler social mediante la colaboración público-privada.
En concreto, el Tribunal anula la disposición adicional primera, que pretendía reorientar el Plan Estatal de Vivienda para apoyar exclusivamente el disfrute de vivienda en régimen de alquiler y alcanzar acuerdos con las administraciones para agilizar la licencias urbanísticas.
Asimismo, esta disposición barajaba la modulación de los instrumentos financieros del Plan Estatal de Vivienda con el fin de promover los mecanismos público-privados para atender las necesidades de alquiler social y asequible, particularmente mediante la cesión de derecho de superficie sobre suelo público.
Reacción del Gobierno
Por su parte, el Gobierno considera que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el real decreto ley en materia de alquiler aprobado el año pasado no cambia «en absoluto» la política de vivienda estructural del Ejecutivo.
Así lo ha afirmado el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, quien, en declaraciones a la prensa, ha querido transmitir un mensaje «de tranquilidad» a los ciudadanos, diciendo que la sentencia del Constitucional no cambia «para nada» las políticas sociales incluidas en el decreto.
De hecho, Saura cree que el tribunal avala el carácter de «urgencia» de las 20 medidas sociales en materia de alquiler incluidas en la nueva normativa, como la ampliación de la duración de los contratos de tres a cinco años o la limitación de aumento de precios al alquiler durante toda la vigencia del contrato, en contra del recurso presentado por el PP sobre el que el Constitucional se ha pronunciado, que alegaba contra este carácter «urgente» del decreto. De hecho, para Saura, a falta de conocer todos los términos de la sentencia, el Constitucional ha avalado todas estas medidas sociales como «urgentes», tumbando así el recurso presentado por los ‘populares’, excepto en dos únicas disposiciones, que el tribunal no considera urgentes y que pretendían movilizar suelo público para la construcción de vivienda en alquiler a precios asequibles.
Saura ha hecho hincapié en que lo único que ‘tumba’ el fallo es ese carácter de urgencia, por lo que no impide al Ministerio proseguir con sus planes de movilización de suelo público. En concreto, su departamento ya ha cerrado 120 acuerdos para desarrollar esa política, empezando por la tramitación para la construcción de 5.000 viviendas para alquilar a precio asequible en colaboración con otras administraciones.