El nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno y aceptado por todas las comunidades, incluyendo las del PP, contempla el compromiso por parte del Gobierno a conceder a las comunidades capacidad para poder subir o bajar el IVA en su territorio en la última fase de la distribución de los productos.
Se trata de una nueva competencia que abunda en la fragmentación del sistema fiscal español y, en consecuencia, en el riesgo de ruptura del mercado único al que tanto se refieren muchos expertos.
En concreto, el documento aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera dice que «Se incrementan las capacidades normativas de las CC.AA. en los tributos cedidos parcialmente. (…) En cuanto a los impuestos indirectos sobre el consumo (IVA e IIEE), el Gobierno se compromete a hacer el esfuerzo necesario para que, respetando las competencias y normativa europea, las CC.AA. puedan también participar en las operaciones destinadas directamente a consumidores finales».
Variaciones en el último tramo de la distribución
Esto significa que el Gobierno permitirá a las comunidades variar el IVA que grava el último tramo de la cadena de distribución, es decir, la venta al consumidor final. Teóricamente se aplicará a una pequeña cantidad del precio final del producto, de ahí que su importancia sea más política -aumento de competencias- que recaudatoria. Aunque en algunos casos su relevancia sí va a ser elevada, como en los negocios con márgenes elevados con venta al consumidor final: pensemos en bares y restaurantes, o en algunos productos que comercializan los grandes almacenes (ropa, joyería, peletería…). Y, por supuesto, en los servicios, donde normalmente no hay escalones intermedios entre su generación y el consumidor final.
Algunos fiscalistas piensan que se trata más de una declaración de intenciones que de otra cosa, porque el IVA está sometido a la normativa comunitaria y, en consecuencia, hace falta la aprobación de Bruselas para un cambio de este tipo. Además, sería muy complejo de aplicar porque habría que imponer una doble escala en el precio de los productos, uno para el margen de la venta final y otro para todo el resto de tareas, y porque eso conllevaría revelar el margen de venta del comerciante.
Pero en lo que coinciden todos los expertos es en que es una nueva muestra de la voluntad del Gobierno de Zapatero de seguir cediendo capacidad normativa e independencia fiscal a las autonomías, incluso en áreas en las que no había una demanda por parte de éstas, como la citada modificación del IVA. Hay quien piensa que puede tratarse de una compensación por la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio (que estaba cedido a las comunidades) sin necesidad de subir el de Sucesiones y Donaciones en las comunidades donde se ha suprimido o reducido al mínimo, con Madrid a la cabeza.
Complicar todavía más el IRPF
En todo caso, el riesgo es abundar en la fragmentación del sistema impositivo español, muy criticada por los expertos y que crea verdaderos quebraderos de cabeza a las multinacionales que operan en nuestro país. En esa dirección, el nuevo modelo contiene otro elemento que puede provocar un verdadero caos en la declaración de la renta de los próximos años: las comunidades no sólo podrán aplicar sus propios tipos -es decir, subirlos o bajarlos- como hasta ahora, sino también su propia escala de gravamen, esto es, los tramos de renta a los que se aplica cada tipo y que no tendrán por qué coincidir con los estatales. También tendrán mayor capacidad para fijar el mínimo personal y familiar, y para establecer deducciones en la cuota.
Esta modificación puede complicar extraordinariamente la declaración y abrir una nueva guerra entre comunidades ‘liberales’ y ‘socialistas’ a la hora de establecer un mayor o menor número de tramos, o a la hora de aplicar tipos más altos sobre niveles de ingresos más bajos (o viceversa). Por no hablar de la complejidad para el contribuyente de tener que hacer una declaración con dos escalas para sus ingresos. Aunque los expertos quitan hierro a este último problema: «Todo el mundo hace la declaración con el programa PADRE y le dan igual los tramos y las escalas porque se lo calcula automáticamente», opina uno de ellos. «Ahora bien, lo importante es que el PADRE esté bien, y va a suponer un enorme trabajo adaptarlo a 17 escalas de gravamen distintas», añade.
