El PSOE exigirá el martes en el Pleno del Congreso que los ayuntamientos con superávit que no hayan sobrepasado los límites de deuda que tienen autorizados puedan destinar ese exceso presupuestario a determinadas fines, como la vivienda, las pensiones, el fomento del empleo, la cultura o los deportes.
Así se plantea en una proposición de ley, que recoge Europa Press, en la que el principal partido de la oposición aboga por autorizar a las corporaciones municipales a emplear su superávit presupuestario en la «reactivación de la economía, la creación de empleo, la promoción del bienestar social o la atención a los más necesitados».
«Es una medida que premia a las administraciones eficientemente gestionadas y que coloca a cada ayuntamiento beneficiario como ejemplo de política a seguir. Así, se quiere apostar de forma decidida por el protagonismo de las entidades locales en la detección de las fórmulas más idóneas para la dinamización de la economía y para la solución de los problemas acuciantes de sus vecinos», añade.
Para ello, los socialistas plantean añadir una disposición a la Ley de Haciendas Locales con un listado «lo suficientemente comprensivo» de áreas donde invertir ese excedente presupuestario como para que los ayuntamientos tengan «margen de maniobra» y «diferentes opciones» de inversión.
En concreto, se propone que los fondos puedan ir a vivienda, pensiones, servicios sociales, dependencia, fomento del empleo, salud, educación, cultura, fiestas populares y festejos, industria, deportes, desarrollo empresarial o carreteras, además de otras áreas como aguas, residuos, alumbrado público, medioambiente, estructuras agropecuarias, energía, comercio, promoción turística, transportes, recursos hidráulicos, investigación científica o sociedad de la información, que ya había planteado el PP.
Y es que la Ley de Deuda Comercial modificó la normativa de Estabilidad Presupuestaria para permitir a las haciendas locales con superávit destinar ese dinero a inversiones, y emplazaba al Ejecutivo a regular en otro texto legal la definición de ‘inversión financieramente sostenible’ para hacer efectiva esta posibilidad.
El partido que da sustento al Gobierno presentó entonces una enmienda a la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios proponiendo que se considerara que una inversión es financieramente sostenible cuando «contribuye al crecimiento económico a largo plazo», considerando «exclusivamente» las inversiones que se recojan en los programas presupuestarios mencionados.
Sin embargo, los socialistas exigieron la retirada de dicha enmienda por no guardar ninguna relación con el proyecto de ley de Consumidores y Usuarios, queja que los ‘populares’ atendieron. Poco después, el PSOE presentó esta proposición de ley, que amplía el listado de apartados donde estaría permitida la inversión del superávit.
No obstante, los socialistas quieren que el único requisito para que una inversión sea considerada financieramente sostenible sea que «contribuya al crecimiento económico a largo plazo» y que «no comprometa, durante su vida útil, la sostenibilidad financiera de la corporación local» bien porque genere recursos suficientes para financiar su funcionamiento o porque propicie un ahorro superior a su coste.
Sin embargo, la propuesta del PP preveía excluir las inversiones con una vida útil inferior a los cinco años, así como las adquisiciones de mobiliario, enseres y vehículos «salvo que se destinen a la prestación del servicio público de transporte». De forma excepcional podrían incluirse indemnizaciones o compensaciones por la rescisión de contratos «siempre que tengan carácter complementario y se deriven directamente de actuaciones de reorganización de medios o procesos asociados a la inversión».
En el caso de las diputaciones provinciales, los consejos y los cabildos insulares, los ‘populares’ estaban dispuestos a incluir las transferencias de capital destinadas a financiar inversiones que cumplan con los requisitos anteriores.
Los dos partidos mayoritarios sí coinciden en que, para controlar que estas inversiones no ponen en riesgo la estabilidad financiera de la corporación municipal, el expediente deberá contar con una memoria económica específica que recoja una «proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil».
No obstante, el PSOE plantea que el Pleno municipal tenga conocimiento anual del grado de cumplimiento de todos estos criterios a la vez que se detalla la liquidación presupuestaria, y que la inversión de los superávits de 2012 y 2013 no computen en el déficit de este ejercicio, precepto que los ‘populares’ no mencionaban en su enmienda.
