El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado este miércoles que los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) cobrarán en la próxima nómina de enero la cuarta parte de la paga extra de Navidad que fue «desplazada» en 2012.
Los empleados públicos recibirán un pago en metálico correspondiente a los 44 días devengados entre el 1 de junio hasta el 14 de julio, cuando se aprobó el decreto de suspensión de la paga de Navidad. Precisamente algunos tribunales ya habían dictado sentencias que obligaban a varias administraciones a restituir estos 44 días porque consideran que los funcionarios ya habían generado ese derecho salarial cuando se les suprimió la extra. Incluso el Supremo había expresado sus dudas sobre la supresión de la paga extra de 2012. Por las dudas sobre su legalidad y porque el Ejecutivo quiere lanzar un guiño a los funcionarios antes de las elecciones del próximo año, los presupuestos recogerán esta devolución en metálico que apenas le costará 230 millones de euros.
Durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados para el debate del dictamen del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015, en el que ha dicho que el Gobierno hará esta primera devolución después de que «ha comprobado que las condiciones económicas han mejorado y que la situación de las cuentas públicas lo permite».
Con todo, Montoro ha indicado que de acuerdo con los Presupuestos para el próximo año «el gasto de la función pública se seguirá reduciendo» a pesar de este desembolso en favor de los funcionarios. En este sentido, ha señalado que, gracias a la política de austeridad impulsada por el Gobierno desde finales de 2011 y al aumento de la productividad en el sector público, su volumen ha vuelto a niveles de hace 10 años y se ha logrado reducir el absentismo en la Administración hasta equipararlo al del sector privado.
Pese al gesto de Montoro, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) sigue rechazando “de pleno” el proyecto de presupuestos que ha salido del Congreso porque “deja a los empleados públicos fuera del nuevo ciclo de recuperación”. Sobre todo, porque sufren una nueva congelación salarial y no recupera el terreno perdido en la oferta de empleo.
“La devolución del 25% de la paga extra de 2012 es insuficiente y no aporta ninguna novedad. El Gobierno se limita a cumplir lo que ya le están marcando los tribunales de justicia en toda España”, añade el CSIF antes de exigir que se pague toda la paga íntegra. Algo que, por cierto, ya están haciendo otras comunidades autónomas como la Rioja, que también está gobernada por el PP.