Más de 50 familias que han perdido su hogar por no poder pagar la hipoteca al banco han recibido en el último año una vivienda de promoción pública (VPP) del parque autonómico del Gobierno de Extremadura.
Las últimas cuatro familias beneficiadas por esta medida han recibido las llaves de sus nuevos hogares, ubicados en Badajoz, Mérida y Almendralejo, de manos del consejero de Fomento, Víctor Del Moral, en un acto que ha tenido lugar en Mérida.
En este acto, Del Moral también ha entregado a nuevos adjudicatarios las llaves de otras 10 VPP que habían quedado vacantes en ocho municipios (Oliva de la Frontera, Quintana de la Serena, Coria, Villar del Pedroso, Castuera, Miajadas, Los Santos de Maimona y Gargáligas).
En conjunto, Fomento ha tenido que realizar una inversión superior a los 130.000 euros para condicionar las 14 viviendas mencionadas, según ha informado el Gobierno de Extremadura en nota de prensa.
Del Moral ha destacado el «compromiso» del Ejecutivo extremeño presidido por José Antonio Monago por «garantizar viviendas dignas» a las familias que «realmente las necesitan en cada población».
Asimismo, ha invitado a los adjudicatarios a que «las cuiden y paguen puntualmente el alquiler» ya que, además, estas cantidades les serán descontadas si, dentro de tres años, deciden adquirir la vivienda en propiedad.
El Ejecutivo extremeño ha recuperado desde finales de 2011 más de 200 viviendas públicas a las que sus adjudicatarios iniciales «no estaban dando un uso legal».
Todas ellas han sido readjudicadas de forma directa a personas en situación «de urgente y extrema necesidad». De ellas, 51 han ido ya a manos de familias que han perdido su primera vivienda por no poder pagar la hipoteca al banco.
Este procedimiento de entrega de viviendas públicas a desahuciados hipotecarios está amparado por la modificación realizada en 2013 en el decreto 115/2006 de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de Adjudicación de Viviendas de Promoción Pública de la Comunidad Autónoma.
En él se contempla la entrega directa de pisos a familias «en los supuestos en los que se acredite la pérdida de la vivienda por la imposibilidad del pago en procedimiento judicial de desahucio de las cuotas hipotecarias».
La entrega de la vivienda se realiza a las familias desahuciadas por los bancos tras un «pormenorizado análisis» de los servicios sociales de la consejería y la resolución favorable de la Comisión Técnica de Intervención Social.
