Según recoge la Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017 que ha sido remitido por el Ejecutivo a Bruselas, el gobierno estudiará la posibilidad de gravar la propiedad de la vivienda.
Este anuncio se produce después de que hace algo más de un mes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayara que el Gobierno no tenía intención de que la vivienda habitual fuera imputada como renta en la declaración del IRPF, a pesar de tratarse de una de las recomendaciones de los expertos para la reforma fiscal.
Sáenz de Santamaría insistió en reiteradas ocasiones en que el informe del comité de sabios no era el proyecto del Ejecutivo.
Los expertos propusieron que la vivienda computara como renta en el IRPF y que se eliminaran en un plazo de entre 5 y 10 años las deducciones por la compra de vivienda habitual que aún disfrutan quienes la compraron antes de 2013.
El informe incidía en que esta era una apuesta transitoria, dado que para el futuro planteaban que la vivienda sólo estuviera gravada con el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), que deberá ser actualizado.
El texto enviado a Bruselas destaca, además de gravar la propiedad, varias posibilidades.
Así dice: «El Gobierno estudiará diversas alternativas, entre otras posibles, la imposición sobre la propiedad, la imposición medioambiental con el menor impacto posible en la competitividad, mecanismos de pago por uso de servicios, el incremento de los impuestos por uso frente a los que gravan la transmisión de la propiedad o la imposición sobre el sector financiero en el marco armonizado de la UE».
También añade que con la rebaja del IRPF se potenciará el crecimiento de la demanda interna, «y, de este modo, el aumento del consumo generará un incremento de la recaudación por impuestos indirectos».
Asimismo, propone a Bruselas revisar las diferentes figuras tributarias, «con el fin de acercar las bases imponibles de forma progresiva a la propiedad de los bienes, disminuyendo por lo tanto el énfasis en la transmisión».
El documento recalca que se trata de una línea de reforma que respeta las recomendaciones de la comisión de expertos y de los organismos internacionales, «que contribuirá a dar estabilidad a la recaudación y mejorará la eficiencia del sistema tributario».
El Gobierno informa a la UE de que esta reforma tributaria supone un programa de trabajo «muy ambicioso» que deberá ser abordado en un horizonte temporal suficiente, «con unas medidas que deberán adoptarse en más de un ejercicio presupuestario