Tal y como afirmó en su momento el presidente del Consejo de la Unión Europea, «el estado miembro que no cumpla con las directrices Europeas deberá atenerse a las posibles consecuencias, tanto jurídicas como económicas». Y el que avisa no es traidor, pues la semana pasada, desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se confirmaba la sentencia en la obligatoriedad del pago de costas a España por el incumplimiento de las Directrices Europeas en medio ambiente, en concreto por no transponer de forma correcta la Directiva 2002/91/CE del parlamento Europeo en materia de Eficiencia Energética para edificios.
Muchos profesionales del sector y plataformas en eficiencia energética como www.ovacen.com ya intuían la merecida sanción ante las diversas advertencias de Bruselas por la necesidad de transponer la directiva y ante la pasividad y poca inquietud de la Administración española en materia de medio ambiente, pero esta vez va a tener sus consecuencias económicas, sobre todo para el bolsillo del consumidor, ya que tendremos que hacer un desembolso que podría alcanzar los dos millones de Euros, si nos atenemos a casos asimilables que se han producido a lo largo de estos años.
Un ejemplo de aquel desembolso a regañadientes fue por parte de Luxemburgo cuya sanción económica por la transposición incorrecta de una Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales alcanzó los dos millones de Euros. Otro como Irlanda que por no haber ejecutado dos sentencias del Tribunal de Justicia en materia de medio ambiente ascendían a un millón y medio y dos millones de euros por la última sentencia.
