El Gobierno intensificará la lucha contra el fraude en el alquiler inmobiliario cruzando la información de la Agencia Tributaria, del consumo de energía eléctrica y del catastro con el objetivo de llevar a cabo un control específico sobre las viviendas y locales comerciales no declarados como arrendados pero para los que «existen indicios relevantes de su uso cotidiano».
Así consta en la respuesta a una pregunta escrita planteada por el diputado socialista César Luena. En dicho texto, el Ejecutivo asegura que durante el año 2012 está previsto desarrollar este control específico del fraude en el alquiler inmobiliario.
Estas medidas se enmarcan en el plan de actuaciones de «comprobación e investigación del fraude fiscal» y tienen como objetivo la «práctica de las oportunas regularizaciones de la situación tributaria de los contribuyentes y el cobro efectivo de las deudas y sanciones tributarias que resulten de dichas regularizaciones».
Además, en respuesta a otra pregunta de la socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero, el Gobierno también asegura que en la declaración de la renta de 2011 «la deducción por inversión en vivienda habitual se podrá practicar por todos los contribuyentes, cualquiera que sea el importe de su base imponible», hasta un máximo de 9.040 euros, tras haberse modificado varias leyes con el Decreto de Medidas Urgentes para la Reducción del Déficit aprobado el pasado 30 de diciembre. Esta decisión no tendrá impacto recaudatorio, según el Ejecutivo.
El PSOE también ha registrado una batería de preguntas relativas a la supresión de la Renta Básica de Emancipación (RBE) para jóvenes a partir del 1 de enero de este año, una decisión que según el Gobierno permitirá ahorrar unos 50 millones de euros en este ejercicio, sin perjuicio de que los jóvenes que tenían ya reconocida la prestación la puedan recibir hasta agotar su derecho.
Así, en respuesta a preguntas de César Luena, el Ejecutivo asegura que está elaborando un nuevo Plan Estatal de Vivienda, que sustituirá al actual, vigente hasta final de año, y en el que se establecerán criterios de fomento del alquiler «para jóvenes», así como para «todos los sectores más desfavorecidos».
«Se tomarán las medidas y actuaciones oportunas para el acceso efectivo a la vivienda», añade en otra respuesta del mismo tenor registrada por Luena, apostillando que el nuevo plan se redactara con «el consenso» de las administraciones autonómicas y de los actores principales del sector de la vivienda y para «responder a las necesidades de acceso en régimen de propiedad o de alquiler».
Finalmente, en respuesta a otra pregunta planteada por el diputado de la Chunta Chesús Yuste, el Ejecutivo descarta flexibilizar el plazo de cuatro años previsto por la legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la aplicación de las deducciones por adquisición de vivienda habitual en cuentas viviendas cuando no resulte posible adquirir la vivienda en ese plazo por causas ajenas al titular de la cuenta.
Según la Ley del IRPF de 2006, se podrán aplicar deducciones por inversión en vivienda habitual cuando estas cantidades se depositen en las denominadas cuentas vivienda y siempre y cuando se destinen íntegramente a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual en un máximo de cuatro años.
Sin embargo, el diputado aragonés reclama al Ejecutivo que amplíe este plazo cuando hayan concurrido circunstancias ajenas al contribuyente, algo que se descarta porque la anticipación de deducciones futuras «sólo se permite en los supuestos de cuenta vivienda o viviendas en construcción» mientras que, de forma general, para beneficiarse de las deducciones «se exige haber adquirido» la vivienda.
Además, el Gobierno asegura que el plazo de cuatro años es «suficiente para poder atender la inversión inicial para comprar una vivienda» mientras que «una ampliación del plazo conllevaría un coste recaudatorio que debe ser valorado teniendo en consideración el momento actual de dificultades presupuestarias».
Asimismo, una modificación en esta línea afectaría al modelo de financiación autonómica, ya que el 50 por ciento del coste recaudatorio de la medida tendría que ser soportado por las comunidades autónomas. La ampliación del plazo también supondría una «mayor dificultad» para la Agencia Tributaria a la hora de aplicar correctamente la deducción, «incrementando la carga administrativa e implicando un mayor coste de gestión».
Por último, el Gobierno recuerda que «el saldo de una cuenta vivienda puede destinarse a la construcción de vivienda, debiendo finalizar las obras dentro de los cuatro años desde su inicio». «En este caso, los plazos de deducción por ambos conceptos se solapan, pudiendo llegar a duplicarse el plazo para adquirir la vivienda desde la apertura de la cuenta. Además, dada la posibilidad (excepcional) de ser autorizada una ampliación del plazo para finalizar las obras de construcción de hasta cuatro años, ello permitiría llegar, en un caso límite, a transcurrir un periodo de doce años desde la apertura de la cuenta hasta la adquisición de la vivienda», zanja.