La reforma laboral publicada este sábado en el BOE habilita a las distintas administraciones públicas a presentar expedientes de regulación de empleo, lo que permitirá el cierre de 500 empresas.
fLa nueva reforma laboral zanja así una polémica que viene de lejos, al anunciar expresamente que las administraciones públicas pueden presentar expedientes de regulación de empleo, incluida la extinción del contrato.
La norma se refiere al personal laboral, cuyas condiciones de trabajo las regula el Estatuto de los Trabajadores, y en ningún caso se aplicará al personal funcionario o estatutario, cuyo puesto de trabajo está asegurado, ni a los entes administrativos.
Lo que hace el Real Decreto Ley es introducir un nuevo párrafo al artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores en el que se aclara que las administraciones públicas están a salvo de los EREs, «salvo aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado». Es decir, las empresas públicas. Esto supone que una vez aprobada la reforma laboral el sector público tiene las manos libres para iniciar su reconversión, paralizada por ausencia de marco legal.
El ajuste de plantillas en las administraciones públicas ya fue aprobado por el anterior Gobierno, pero poco o nada se ha avanzado desde que en marzo de 2010 el Consejo de Política Fiscal y Financiera decidió el cierre de 514 entes públicos de toda condición: fundaciones, sociedades mercantiles, empresas públicas o entidades administrativas. Esos más de 500 entes representan alrededor del 22% del conjunto de empresas del sector público.
Los datos más recientes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas muestran que la plantilla de personal laboral asciende a 684.623 trabajadores (51% de mujeres), de los que la tercera parte corresponde a los ayuntamientos y cabildos. En la Administración Pública estatal el número llega a 120.858, a los que hay que añadir otros 55.912 destinados en entes públicos de carácter empresarial.
