La Plataforma por una Vivienda Digna ha presentado un escrito de denuncia a la Unión Europea porque la reciente bajada del IVA no se ha limitado a la vivienda habitual, como había anunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sino que se ha hecho efectiva para cualquier tipo de propiedad inmobiliaria.
En un comunicado, la plataforma dice que, con su decisión, Rajoy falta una vez más a su palabra al llevar al Boletín Oficial del Estado (BOE) algo contrario a lo prometido y respalda una medida que «viola claramente» la normativa comunitaria, que no permite aplicar un tipo superreducido del impuesto a cualquier tipo de vivienda.
La plataforma explica que la extensión del IVA superreducido a todas las viviendas permite situaciones «terriblemente aberrantes», como que la compra de un «palacete» o una tercera residencia en la playa pague tan sólo un 4% de IVA, mientras los ciudadanos y las empresas soportan diariamente tipos que llegan hasta el 18% por bienes o servicios más necesarios.
De la misma forma, se opone «frontalmente» a esta medida porque sólo busca ayudar a las entidades financieras y de promoción inmobiliaria en el «enésimo intento» de recuperar un modelo que a los ciudadanos sólo les ha aportado vivienda «inaccesible, precariedad y endeudamiento». «Ha quedado demostrado que este tipo de medidas no suponen bajadas de precios, sino aumento en los márgenes de beneficio», argumenta, tras recordar además que el Estado dejará de ingresar unos 750 millones de euros por esta bajada de impuestos.
Para la plataforma, la medida es además un «regalo tan evidente» a las promotoras y entidades financieras que es necesario preguntarse por qué el Gobierno favorece de esta forma «tan clamorosa» a unos sectores económicos tan concretos, «olvidando por completo» el derecho a una vivienda digna.
Por otro lado, recuerda que la bajada del IVA «incomoda» a las instituciones comunitarias e instituciones y empresas financieras internacionales, que no quieren «ni oír hablar» de incentivar nuevos endeudamientos ni públicos, ni privados. «Perseverar en este tipo de medidas ya no sólo es que atente contra las recomendaciones de decenas de instituciones nacionales e internacionales, sino que atenta contra los principios más elementales de la economía y contra el más básico sentido común», subraya.
Por todo esto, la plataforma ha denunciado la bajada fiscal ante la UE y ha pedido a la Defensora del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad al entender que la bajada del IVA para todas las propiedades inmobiliarias vulnera también la Constitución Española. En concreto, es contraria al artículo 31.1, que exige que el sistema tributario se inspire en principios de igualdad y progresividad.
