Amnistía Internacional ha solicitado al PSOE y PP que el derecho a la vivienda y a la salud aparezcan recogidos en la Constitución Española bajo el epígrafe de los derechos fundamentales, y que puedan ser exigidos directamente ante los tribunales cuando se vean vulnerados.
Ante el anuncio de la reforma de la Constitución en España, Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al principal líder de la oposición, Mariano Rajoy, para solicitarles que aprovechen esta oportunidad, o se comprometan para el futuro, incluyendo en la reforma dos cuestiones que afectan a la protección de los derechos humanos.
En primer lugar, la organización considera que la Constitución debe garantizar la máxima protección de todos los derechos económicos, sociales y culturales, sin establecer distinciones ni prioridades, tal y como reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos y numerosos instrumentos internacionales ratificados por España.
La organización solicita esta reforma constitucional en el contexto de crisis económica en el que muchas personas han perdido su vivienda. Desde 2007, año de inicio de la crisis, hasta finales del 2010 se han iniciado 271.570 ejecuciones hipotecarias, según la ONG.
Por otra parte, a pesar de que la pena de muerte quedó abolida en España en 1995 con la supresión de la misma del Código Penal Militar, la Constitución sigue haciendo mención a ella en el artículo 15 para tiempos de guerra. Amnistía Internacional considera que la reforma debería eliminar la mención a la pena de muerte en la Constitución e incluso prohibir expresamente su aplicación.