Las condenas por delitos medioambientales vinculados a la ordenación del territorio se han disparado y alcanzado su techo histórico en 2009. El aumento en un solo año fue del 28%, al pasar de 301 a 386 sanciones, la mayoría de ellas impuestas en municipios costeros, con Andalucía a la cabeza.
Los jueces no dan abasto
El incremento de las condenas por delitos urbanísticos da fe del ingente volumen de procesos judiciales que actualmente instruyen los tribunales españoles en esta materia. El año pasado había 1.737 casos en trámite y otros 1.729 en fase de diligencias previas, el paso anterior a la judicialización del asunto, según datos de la Fiscalía de Medio Ambiente.