Iniciativa per Catalunya (ICV), que comparte grupo parlamentario con IU y CHA en el Congreso, pedirá al Gobierno que regule la dación en pago como fórmula para saldar deudas hipotecarias con entidades bancarias que hayan sido rescatadas o que estén avaladas con dinero público, según se recoge en una interpelación urgente a la ministra de Fomento y Vivienda, Ana Pastor, recogida por Europa Press y que se debatirá en el Congreso de los Diputados el próximo miércoles.
Según plantean los diputados Joan Coscubiela y Laia Ortiz, las entidades bancarias fueron en gran medida causantes de la «espiral inflacionista en los precios de la vivienda» de los últimos años como consecuencia de las condiciones en las que otorgaban créditos hipotecarios, ante la «pasividad del Banco de España y del Ministerio de Economía y Hacienda».
Ésta era una «práctica beneficiosa únicamente desde el punto de vista de las entidades que otorgaban aquellos créditos y que, con esto, contribuían a que España lograra los mayores índices de sobreendeudamiento privado del mundo», reprochan los diputados del grupo de Izquierda Plural.
Ahora que la crisis económica y el paro dificulta a muchas familias españolas el pago de estas hipotecas, muchos de los tomadores de créditos bancarios están siendo sometidos a desahucios, mientras las promotoras de vivienda, que tienen «grados de insolvencia muy superiores», son «tratadas preferentemente por los bancos a través de daciones masivas de sus activos sin deuda residual».
Por eso, los diputados exigen «mecanismos reguladores de los procesos de ejecución de los créditos con garantía hipotecaria protegiendo los intereses de una ciudadanía que se encuentra en posición de vulnerabilidad». «No es suficiente ni justo que el Estado sólo se preocupe de salvar y reforzar la solvencia de las entidades financieras con la aportación de miles de millones de euros (…) y no se adopte ninguna medida para garantizar una protección necesaria y justa a los ciudadanos en riesgo de perder sus viviendas», opinan.
La autorregulación no basta
De cara al futuro y dado que los diputados consideran que estas prácticas «no se contendrán a través de la autorregulación de los sectores implicados», también pedirán al Ejecutivo que legisle «el marco del campo de juego razonable en que se deben llevar a cabo las operaciones crediticias que afectan a la obtención de un bien como es la vivienda».
«Es necesario introducir límites en el ejercicio de las facultades de ejecución hipotecaria para todas aquellas entidades de crédito que hayan sido rescatadas con fondos públicos procedentes del FROB o que se beneficien del aval público sobre sus depósitos, de forma que se priorice la fórmula de dación en pago y otras modalidades de acuerdo con los deudores que garanticen, en todo, el mantenimiento del derecho a la vivienda», reclaman.
En concreto, piden «construir un sistema de límites temporales y cuantitativos» a la hora de otorgar créditos hipotecarios que sean «homologables a los existentes en otros estados de la UE», fijando así una cantidad máxima de hipoteca en relación con los ingresos de las familias, así como un plazo máximo de años para su devolución. Esto permitirá, a su juicio, contener y frenar «un futuro sobreendeudamiento hipotecario».
Tras el debate sobre este tema que mantendrán con la ministra, la Izquierda Plural forzará al resto de grupos a explicitar su opinión sobre la dación en pago el próximo 6 de marzo, cuando se votará en la Cámara baja la moción resultante de esta interpelación.
En la misma línea, el diputado de Coalición Canaria Pedro Quevedo Iturbe ha presentado una proposición no de ley (PNL) recogida por Europa Press en la que insta al Gobierno a promover la modificación de la regulación hipotecaria para que incluya la dación en pago para los casos de residencia habitual, previendo que la ejecución hipotecaria cubra la totalidad de la deuda principal más intereses y costas judiciales.
Además, también emplaza al Ejecutivo a «incrementar la cantidad considerada inembargable en nóminas, retribuciones, pensiones y otros ingresos en el caso de que la vivienda hipotecada sea la residencia habitual y teniendo en cuenta además las cargas familiares de los afectados» y ha aprobar una moratoria o implementar otras medidas para «paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria» hasta que se aprueben las otras medidas solicitadas
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) citados por Quevedo Iturbe, sólo entre 2007 y 2010 se han producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, cifra que podría elevarse hasta el medio millón si se incluyen los ejercicios 2011 y 2012.
«Cuando (se ejecuta un crédito hipotecario las familias), además de perder la vivienda, se enfrentan a una condena financiera de por vida que suele dirigirlos además a la exclusión social y la economía sumergida», alerta el diputado, criticando además que la actual normativa permita a las entidades financieras a quedarse con sus viviendas por el 50 por ciento del precio de tasación.
Además, también acusa a las entidades bancarias de haber realizado «publicidad engañosa en la comercialización de la mayoría de las hipotecas» y de incluir en los contratos «todo tipo de cláusulas abusivas, como las del suelo,» que pasaban desapercibidas para los suscriptores de las hipotecas por el «lenguaje de difícil comprensión utilizado».