El Constitucional considera que los embargos no vulneran derechos

En plena controversia por el alud de desahucios motivados por la crisis, el Tribunal Constitucional considera que las ejecuciones hipotecarias que permiten a las entidades financieras quedarse con un inmueble tras el impago de la hipoteca, no vulneran los derechos fundamentales de los afectados y, por tanto, no son inconstitucionales. Así lo ha establecido a través de un auto, con fecha de 19 de julio, en el que se rechaza estudiar la cuestión planteada el pasado 30 de septiembre de 2010 por el Juzgado de Primera Instancia nº2 de Sabadell. El juzgado de Sabadell consideraba que estos procesos podían vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y a una vivienda digna porque impiden analizar el posible “carácter abusivo” de las hipotecas.

El Constitucional considera “notoriamente infundada” la cuestión y ha basado su decisión en varias sentencias anteriores. En  la primera de ellas, de 1981, se dice que no existe “indefensión” porque los afectados pueden optar por otras vías, como suspender el proceso con el pago o bien iniciar un procedimiento declarativo en el que un juez puede dictaminar sobre los hechos controvertidos planteados por las partes. En junio de 1993 el mismo tribunal volvió a fallar en este sentido.

La Fiscalía también ha pedido que se rechazara la petición del juzgado de Sabadell argumentando, entre otros motivos, que “el marco procesal en que se han de debatir los intereses de los litigantes es competencia del legislador, sin que tal regulación pueda ser discutida so pretexto de su inconstitucionalidad“.

La PAH responde…
Ante la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional la Plataforma de Afectados por la Hipoteca -PAH- señala que “discrepa radicalmente de la sentencia, pero coincide con el TC en una cosa. La justicia no puede depender de la arbitrariedad o sensibilidad de un juez, ni de los tribunales. Hay que exigir al legislador que traslade al Congreso lo que en la calle es un clamor popular. Dación en pago retroactiva, “stop desahucios” y alquiler social de las viviendas ejecutadas“.

Las ejecuciones hipotecarias se han cuadriplicado desde el inicio de la crisis, al pasar de 25.943 en 2007 al récord de 93.622 en 2010, según el Consejo General del Poder Judicial

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