Durante unas jornadas en el Colegio Notarial de Madrid, el consejo ha explicado que el principal objetivo de este órgano será impedir que se introduzcan cláusulas abusivas en los contratos con consumidores que se recojan en escritura pública, “lo que incrementará la seguridad jurídica en la contratación y ayudará a prevenir impugnaciones judiciales”.

El OCCA creará un archivo informático con todas las sentencias firmes que declaren abusiva una cláusula, de forma que pueda ser consultado por los notarios antes de conceder una escritura.

Según el Consejo General del Notariado, este órgano pretende suplir “la ineficacia del Registro de Condiciones Generales, ya que no todas las cláusulas abusivas se inscriben por las partes y el acceso a éste no es ni fácil ni ágil”.

El presidente del consejo, José Manual García Collantes, ha indicado que el OCCA colaborará con todos los agentes sociales implicados en esta materia “para ayudar en la lucha contra las cláusulas abusivas, pues ahora es el momento de la verdad, cuando se puede realizar un auténtico control preventivo”.

A pesar de este bajo volumen de adjudicaciones, Economía considera que las cifras son “aceptables para un proceso que arrancó en marzo”, y confía en que las solicitudes se vayan incrementando, aunque también ha abierto la posibilidad de revisar los requisitos si el tiempo demuestra que son demasiado exigentes. En la actualidad pueden acceder a un alquiler del FSV las personas desahuciadas de su residencia habitual después del 1 de enero de 2008, con ingresos familiares inferiores a tres veces el IPREM (1.597,53 euros mensuales) y que cumplan algunos de los requisitos de especial vulnerabilidad: familias numerosas, violencia de género y deudores en paro que hayan agotado la prestación, entre otros. El precio del alquiler oscila entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30% de la renta total neta de la unidad familiar, y los contratos tienen una duración de dos años, prorrogables por uno.

Las familias que cumplan con los requisitos y quieran acceder a una de estas viviendas deberán solicitarla al mismo banco que se quedó con su casa.

“El fondo es un insulto”
Para el abogado de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH), Rafael Mayoral, el fondo es “un auténtico insulto” y ha criticado que se esté haciendo al Estado copartícipe de la especulación inmobiliaria. Mayoral ha lamentado la absoluta impunidad de las entidades financieras que ha considerado “auténticas responsables de la crisis”.

La Institución ha formulado esta recomendación al Banco de España, para evitar la incertidumbre que estos pronunciamientos causan en muchos clientes, que no saben a qué atenerse ni cómo defender sus derechos e intereses. El Defensor del Pueblo ha recibido en los últimos años numerosas quejas presentadas por ciudadanos sobre la inclusión en los contratos de préstamos hipotecarios de la llamada “cláusula suelo”.

Por este motivo, planteó en marzo de 2010 al Banco de España y a la Secretaría de Estado de Economía la necesidad de realizar alguna actuación para proteger a los consumidores, sobre todo cuando ya existían pronunciamientos judiciales que declaraban abusivas las cláusulas suelo.

De cerrarse junio a este nivel, la tasa media mensual se situaría en el 0,489%, 0,73 puntos menos que en el mismo mes del pasado año. Así, las hipotecas medias de 120.000 euros a 20 años a las que les toque revisión este mes experimentarían una bajada de unos 42 euros en la cuota mensual y un descenso de más de 500 euros en la anual.

El precio de la vivienda descendió un 10,4% en mayo,

En cuanto al comportamiento por zonas, las capitales y grandes ciudades sufrieron el recorte más destacado con una caída interanual del 13,3 %, seguidas por las áreas metropolitanas, con un 13,2 %, y por los municipios de la costa mediterránea, que se anotaron un descenso del 8,5 %. Los descensos más moderados se produjeron en el resto de municipios no incluidos en otras divisiones con un 7,2 %, seguidos por las Islas Baleares y Canarias, que presentaron una bajada interanual del 5 %, una tendencia que refleja la estabilidad de los precios en estos mercados.

Desde el valor más alto registrado por este indicador antes de la crisis, los mayores recortes se experimentaron en mayo en la costa mediterránea, con un ajuste del 43,2 %; seguida de las capitales y grandes ciudades con el 41,9 %, las áreas metropolitanas con el 40,3 %, el resto de municipios con el 31,2 % y las Islas Baleares y Canarias con el 27,9 %.

Coincidiendo con su entrada en vigor, se ha sabido que en 2012 hubo más desahucios por alquileres que por impago de hipotecas. La estadística que publica el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha desglosado la cifra total de desahucios realizados en 2012 en su informe ‘La Justicia dato a dato’. El resultado es que se producen más desahucios por alquileres (un total de 54.718) que por impago de la hipoteca (43.853).

La nueva ley de alquiler también prevé que el arrendatario pueda rescindir el contrato sin pagar indemnización con tan solo comunicarlo con un mes de antelación. Eso sí, la norma reduce de cinco a tres años el plazo de renovación de contrato obligatorio. Durante su paso por el Congreso, a la ley se incorporaron algunas modificaciones sustanciales, como la creación de un registro donde figuren los inquilinos condenados en firme por impago de la renta para que puedan ser conocidos por otros arrendadores.

Además, se incluyó la obligación del dueño de la vivienda de informar a los inquilinos en caso de querer vender el piso, y también se le autorizó a disponer de la vivienda en caso de necesitarla para sí mismo o para algún familiar, avisando al inquilino con al menos dos meses de antelación.

Ya son dos las sentencias que se apartan de la interpretación del Supremo y condenan al banco a devolver las cantidades cobradas de más

Sin embargo, los dos jueces, apartándose de la interpretación del Supremo, establecen que la nulidad de la cláusula implica dejarla sin efectos, como si nunca hubiera existido. Esto supone que la entidad devuelva todas las cantidades cobradas por aplicación del suelo.

Ambos jueces se basan en que es la propia ley (en concreto el artículo 1.303 del Código Civil) la que establece las consecuencias de la nulidad de la cláusula. Además el juez de Málaga deja claro que el deber de los jueces es resolver los asuntos conforme al sistema de fuentes establecido, que establece la primacía de la ley sobre la jurisprudencia (en este caso la reciente sentencia del Tribunal Supremo).

La OCU considera que lo más probable es que estas sentencias sean recurrida por las entidades y por tanto, no lleguen a ser firmes, pero la decisión de estos jueces es una buena noticia para los consumidores. Aún así desde la Asociación se valoran positivamente.